80 en Madrid
600 en España
360.000 en el mundo
¿HAS OÍDO ALGUNA NOTICIA SOBRE
ESTO?
¿Y NO TE PARECE QUE LxS
TRABAJADORxS DEBERÍAMOS REACCIONAR?
En el año 2016 murieron más de
seis trabajadores cada mes en la
Comunidad de Madrid, la media supera los 11 trabajadores
muertos a la semana en el Estado español, y pasa de largo de los 1000 diarios
en todo el mundo. Son cifras oficiales del Ministerio de Trabajo y de la OMT.
El empeoramiento de nuestras
condiciones de trabajo, reforma laboral tras reforma laboral, está provocando
que estas cifras suban cada año. Las malas condiciones laborales, precariedad,
subcontrataciones, externalizaciones…, son causa directa de los accidentes en
los trabajos.
Y son cifras que no recogen el
empleo sumergido. Los periódicos hablan de entre 3 y 4 millones de trabajadorxs
obligadxs a trabajar sin contrato, es decir, sin coberturas sociales y sin
sanidad, muchxs de ellxs serán migrantes, a quienes el Estado negó la asistencia
sanitaria básica. Es una realidad que se oculta, pero que supone que alrededor
de un 15% de lxs trabajadorxs, quienes trabajan en las peores condiciones y
están más desprotegidos, no figuren en las encuestas.
Si buscas por internet, podrás
encontrar que en el año 2015 murieron, como resultado de conflictos armados
167.000 personas y, por terrorismo, unas 30.000 en todo el mundo. ¿Por qué si
mueren dos veces más personas en el trabajo que en las distintas guerras
activas, a nadie parece preocuparle? ¿Porque no paramos de oír hablar de
terrorismo cuando sus víctimas no son siquiera un 12 % de las del capitalismo?
Quizás la causa de todo esto
sea que se nos intentan presentar los accidentes laborales como una cuestión de
mala suerte, sin responsables, o responsabilizando al trabajador, pero en todo
caso una cuestión de mala suerte inevitable.
¿Es esto así?
El usar la palabra “accidente”
para referirnos a las muertes y lesiones producidas mientras trabajamos ya nos
dirige a pensar en algo fortuito, inevitable, pero esta no es la realidad. La
valoración de los riesgos laborales por las empresas no se hace buscando su
erradicación. La productividad y los beneficios son factores que para las
empresas están por encima de nuestras vidas.
Tanto los estados como las
empresas saben, como lo sabemos nosotrxs por nuestra propia experiencia, que
más allá de los cumplimientos de las medidas de salud laboral, la precariedad,
las horas extras, el exceso de carga de trabajo y los turnos rotativos y la
flexibilidad, son la causa directa del incremento del riesgo de sufrir un
accidente en el trabajo. Los trabajadores, sometidos a la presión del despido,
aceptamos trabajar sin haber descansado lo suficiente, o a ritmos que nos
impiden ser lo suficientemente cuidadosos, o enfermos. La respuesta de los
“agentes sociales” (patronal y sindicatos) ante esto está lejos de avanzar
hacia una estabilidad laboral que permita a los trabajadores poner límites a la
avaricia empresarial. Por contra, abogan por la constante precarización del
trabajo y el rehuir responsabilidades por medio de subcontratas de
subcontratas. Estas, en caso de accidente grave, siempre pueden declararse en
quiebra y la empresa que contrató a la subcontrata, continuará con su actividad
sin asumir ninguna responsabilidad.
Rizando el rizo, el capitalismo
ha buscado la manera de rentabilizar nuestros accidentes, obligando a los
estados a desviar la sanidad relativa al trabajo a las mutuas. Las mutuas son
empresas que, como todas las demás, sólo miran por su beneficio. Para colmo, no
cuentan con las instalaciones ni lxs médicxs adecuados para atender accidentes
graves y, en todo caso, a la hora de reconocer un
accidente como laboral o no y de valorar la duración de las bajas, mirarán por
su cliente (tu empresario), y no por ti, el trabajador.
Aún más sangrante es ver cómo
los distintos organismos internacionales miran para otro lado mientras las
empresas transnacionales huyen de los países occidentales a otros países donde,
no es que el precio del trabajo sea más barato, que lo es, sino que la
seguridad laboral y medioambiental es inexistente. Sobre todo la falta de
medidas de seguridad laboral y medioambiental, suponen un ahorro de miles de
millones de euros para las transnacionales. Estas grandes empresas, usando las
mismas estrategias que nuestros empresarios patrios, se habrán ocupado de no
ser nunca los dueños de esas fábricas; pues pueden salir ardiendo causando
centenares de muertxs, o producir vertidos que contaminen irreversiblemente
cientos de kilometros, provocando enfermedades incurables a los habitantes de
la zona. La responsabilidad recae sobre el empresario local, y la transnacional
que los subcontrata queda desvinculada de lxs trabajadorxs que fabrican sus
productos; salvando a la vez su capital (ahorrando indemnizaciones) y su imagen
publicitaria.
Medidas sencillas como
responsabilizar a las empresas de los accidentes ocurridos en las contratas que
trabajan para ellas, o prohibir la importación de mercancías producidas en
condiciones que no cumplan con la debida seguridad son tan impensables que
nunca han sido planteadas. La lógica capitalista manda; nuestra seguridad y
nuestra salud es una variable, supeditada a sus beneficios.
Es curioso cómo en las
estadísticas oficiales se encuentran datos diferenciados por sector de
producción, por sexo, por tipo de lesión, por comunidad autónoma, pero no hay
datos algunos referidos a situación contractual ni a la antigüedad del
trabajadxr en la empresa. No interesa que puedan relacionarse los datos
oficiales de los accidentes laborales con la precariedad.
El escandaloso número de
muertes producidas en el trabajo, no debe hacernos olvidar a los que no mueren;
en 2016 hubo 1.289.000 accidentes en España; de los cuales 3.546 fueron graves.
Son 3.564 trabajadores con lesiones graves y/o invalidantes. Y son datos
referidos sólo a los accidentes físicos. Estos datos no nos incluyen a quienes
desarrollaremos enfermedades producidas por nuestra actividad laboral; desde
los problemas de la vista, las muñecas y la espalda de quienes trabajan en
oficinas, pasando por los problemas óseos y musculares de quienes trabajan en
la hostelería, la limpieza, el transporte o la construcción, hasta los cánceres
de quienes trabajan con productos químicos en la industria. Y estos datos mucho
menos a quienes, a consecuencia del acoso y la presión en el trabajo, sufren
enfermedades mentales, de difícil recuperación. Por descontado, también quedan
fuera todos los accidentados que no contaban con un contrato de trabajo para
que su jefe se ahorre los pagos a la seguridad social.
¿Y cómo llamamos a la
proliferación de suicidios desencadenados por la desesperación de la miseria
provocada por los despidos masivos producidos en los últimos años?
El Estado, en su función de
defensa del orden establecido, afronta las crisis de la única manera que sirve
a su naturaleza: defendiendo el capitalismo, por encima de nuestras vidas;
salvando a su señor, el dinero; a costa de pisotear a sus siervos, nosotras.
Este es el motivo por el que a la vez que se inyectaban cantidades ingentes de
dinero a los bancos, se recortaban de forma dramática nuestras pensiones y
derechos laborales. Y por los que de forma encubierta, se burocratizan y
complican los trámites para acceder a prestaciones tales como la jubilación por
enfermedad, a la vez que se endurecen hasta lo irracional los criterios médicos
para acceder a una pensión por incapacidad.
Así,
mutuas e Instituto Nacional de la Seguridad Social , nos asestan el último golpe.
Cuando ya no servimos a nuestras empresas, porque somos demasiado viejos o nos
hemos roto trabajando para enriquecerles, nos mandan a las instituciones. Como
tienen cosas mejores en que gastarse los dineros que nos incautan a través de
los impuestos, tales como rescatar bancos o autovías, no dudan en poner todos
los impedimentos posibles para que podamos acceder a nuestras pensiones y
prestaciones. Y decimos nuestras porque el paro, las bajas y las pensiones, no
son dádivas caritativas con las que el Estado nos cuida; sino que las pagamos
nosotrxs todos los meses, en todas nuestras nóminas, como seguro de vejez y
enfermedad, que luego nos recortan o nos deniegan y tenemos que reclamarlo.
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