viernes, 11 de junio de 2021

18 DE JUNIO HUELGA EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DEL ESTADO (CONCENTRACIÓN EN MADRID)


 


La Concentración será el viernes 18 de junio a las 11:30 en la Avda. Pablo Neruda 91-97, 

esq. C/ Candilejas; (Centro Comercial Madrid Sur) frente a la Asamblea de Madrid.

 

 Los sindicatos Co.bas, Solidaridad Obrera, SAS y la Confederación Intersindical han convocado el 18 de junio una jornada de Huelga de todo el sector público estatal.

La Federación Local de la CNT-AIT  Madrid apoya este paro, como punto de partida hacia la Huelga Indefinida que obligue al estado a retroceder en sus pretensiones de reformar el articulo 10 del EBEP. La reforma que pretende el ministro Iceta consiste en el despido directo de todas las personas interinas que lleven 3 años en su puesto, es decir, hacer pagar a las trabajadoras, de las que se ha aprovechado durante lustros, por la inutilidad y  el despotismo de la administración.

Se estima que alrededor de 800.000 personas están trabajando en la actualidad con un contrato precario en el conjunto de todas las administraciones públicas del estado: sanidad, enseñanza, ayuntamientos, comunidades autónomas… Esta precariedad está causada por la dejadez de quien las ha gestionado (y sigue gestionado) con la colaboración de las empresas sindicales presentes en cada organismo. Durante décadas se han aprovechado de la temporalidad al no convocar, como obligan sus propias leyes, las ofertas de empleo público necesarias para mantener los servicios que se necesitan en cada administración. En concreto el art. 10 del EBEP obliga a realizar dichas convocatorias, pero el gobierno pretende modificarlo para flexibilizar aún más el despido en el ámbito público (recordamos que, al contrario que en el sector privado, las interinas y temporales del sector público no tienen derecho a indemnización por finalización de contrato temporal).

Existe en Europa una directiva de obligado cumplimiento (1999/70) que obliga a dar estabilidad fija en el empleo a las personas que tienen una duración en el trabajo superior a tres años. Se acepta esta directiva en este estado exclusivamente para la empresa privada y no para las AA.PP.

Las empresas sindicales CCOO, UGT y CSIF, firmaron en los años 2017 y 2018 con el ministro de Hacienda Cristobal Montoro, sendos acuerdos mal llamados “Acuerdo para la mejora del empleo público I-II”, en los que pretenden sacar todas esas plazas ocupadas durante décadas por personas con contratos precarios a Oferta Pública de Empleo.

Sea lo que sea lo que quieran legislar los políticos y sentenciar los jueces, la CNT-AIT, como organización obrera anarcosindicalista, no puede sino posicionarse al lado de las/os trabajadoras/es que, actualmente y durante los últimos años, forman parte de las plantillas de las distintas administraciones. No solo de las pagadas directamente por éstas, sino también de las/os compañeras/os que, trabajando para ellas, son pagadas por empresas de servicios cuyo único objetivo es el beneficio económico y no la calidad del servicio. Estas empresas deberían desaparecer, y las compañeras/os pasar a ser contratadas de manera directa por cada una de las administraciones: limpieza, mantenimiento, ayuda domiciliaria y muchos otros servicios que se han privatizado durante décadas para el beneficio de unos pocos con la ayuda de nuevo de los “sindicatos”. Unos “sindicatos” que llevan en su discurso, dentro de las AA.PP. eliminar los grupos E (agrupaciones profesionales) en definitiva los más esenciales y a la vez peor remunerados, para que estos trabajos se externalicen ofreciéndoselo a las antiguas constructoras ahora dedicadas a estos negocios (Ferrovial, Sacyr, Acs, FCC. etc. etc.)

Apoyamos la huelga y todas las movilizaciones para evitar el despido de miles de compañeras/os que ahora pueden perder su puesto para que gobierno y sindicatos obtengan sus cuantiosos beneficios, unos ahorrándose trienios y pluses de trabajadores/as estables y los otros vendiendo temarios para oposiciones.

Por la regularización del personal víctima del abuso.

Por la contratación directa y fija del personal de los todos servicios públicos.

Paralización de todas las OPES que afecten al personal contratado.



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